Cataluña y la solidaridad interregional en España

SURda

Opinión

Cataluña

Javier Ruiz Collantes

 

"Es muy significativo que la derecha española, sólo  apele a la solidaridad  y a la  igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales  y sectores  socioeconómicos."

 

En estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales independentista, se pone en cuestión la relación entre España y Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los ciudadanos que se consideran de izquierdas toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.

Muchos políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad interregional, esta solidaridad se fundamentaría en  el deber de las regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra esta posición de buena parte de la izquierda española.

El independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en  entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno central del Estado y que no vuelve a Cataluña.  Frente al argumento del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha  oído, a representantes del gobierno central del Estado o a representantes de los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos. De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan.  Para ver este tema  de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y  observar  las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.

Resulta irrefutable y ampliamente documentado que  en los Estados  con economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales tienen diferentes vías,  más o menos legales o ilegales,  para escabullirse respecto a sus obligaciones fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y directo,  cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le honró,  en una entrevista a la NBC  denunció que el sistema fiscal norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas.

Bien, los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores, los profesionales, los autónomos,  los pequeños y medianos empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas.  Este es un dato muy relevante para entender la función de la llamada “solidaridad interregional”.

Es muy significativo que la derecha española, sólo  apele a la solidaridad  y a la  igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales  y sectores  socioeconómicos.

Ante el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución   un “pacto fiscal” por el que Cataluña  podría pasar a tener un estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten: Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso' y costaría 13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes porcentajes de lo que se recauda en su territorio   al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la Mancha.

Resulta esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes denunciaban en  torno al expolio fiscal y decían que  el déficit fiscal catalán  se movía en torno a los 4.000 millones; ahora, cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una situación extrema de peligro de ruptura, resulta que  fuentes gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan “monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.

En todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000; este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde sale y para qué sirve.

Se ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo,  pues seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas y radiales,  en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en infraestructuras y servicios, que es lo que hace público,  y otra cosa muy distinta lo que realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña,  lo realmente ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir, aunque de ello  podría desprenderse que  una parte fundamental de lo que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases trabajadoras.

¿Por qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran “monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias? Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué sistema?  Pues el sistema de poder y subordinación entre clases sociales.

Más allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que dispone para reflotar de la ruina  a las empresas financieras privadas  y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la  realización de  mastodónticas infraestructuras,  muchas veces inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas regiones a otras.  Tomemos el caso de las regiones del sur de España y, de forma particular, el caso de  la mayor de ellas: Andalucía

Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel, con enormes potencialidades, con un pueblo admirable  que en momentos históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos en las luchas  por la libertad, la  justicia social y el desarrollo de su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017, lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la región Griega de Macedonia Occidental.  En estas regiones españolas, prácticamente la  tercera parte de la población en condiciones de trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza  cotas insoportables. Mirado desde este punto de vista, el problema  más grave del Estado Español está en el sur y no en el noreste.

La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de Andalucía, se debe al mantenimiento de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los rasgos negativos de  la estructura productiva del resto de España: el monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de industria e innovación, y además  posee características propias como la  existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un latifundismo muy poco o nada productivo.

De hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de propietarios.

Las elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de la aristocracia y no tienen ni siquiera la  mentalidad emprendedora de la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al inmovilismo  y no tienen la menor intención de  activar auténticos factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos autonómicos  del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada realmente significativo para cambiar la situación en términos de empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo y vergonzoso de  este maridaje está en la declaración de la difunta  Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión  que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno autonómico  del PSOE.

El desempleo masivo genera en  el sur de España situaciones socialmente explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y cuyos efectos  sólo puede entenderse que se contengan en base a los recursos que llegan a través de la transferencia de otras comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.

De esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los territorios, ni las personas, sino las clases sociales,  el resultado es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener  la situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello  explica en gran parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas catalanes.

Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda española, el movimiento independentista catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero  de esta realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo, no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase obrera, provenientes de la inmigración,  defienden el unionismo por su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto que clase social.  La prueba  de lo explicado hasta aquí es que la alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de Cataluñaa en España, pues es una  élite entroncada con los intereses de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central trasladando sus sedes sociales  fuera de Cataluña y que la organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball, siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y amenazante, en contra de los movimientos pro-independencia. Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la alta burguesía catalana, implica  o mala fe o no entender nada.

Pero situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las  clases sociales. Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo que  hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca la derecha española  ha defendido ni defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo,  sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan cargo, por ejemplo, de  los gastos que los subsidios de desempleo genera en el sur de España  y así las élites andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus comunidades autónomas.

Por todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España. ¿No  sabemos ya que la  contribución impositiva de la alta burguesía y de las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un sistema productivo y de poder político en el que basan sus privilegios sin que la situación social de sus regiones  se les vaya de las manos.

Por todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de bóveda del sistema socio-económico en España,  clave sin la cual éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas, es un principio que, a través de un discurso nacionalista y demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se quiebre.

Javier Ruiz Collantes

Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/24448/cataluna-y-la-solidaridad-interregional-en-espana/